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Existen dos caminos para denunciar un caso de mobbing o acoso laboral que no resultan excluyentes entre sí.

Una de las modalidades es la vía administrativa ante la Inspección de Trabajo, que se encargaría de abrir una investigación sobre los hechos, y la otra la vía judicial que podría contemplar una posible indemnización por daños y perjuicios al trabajador que sufría mobbing en virtud del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Así, si un empleado quiere rescindir su contrato de trabajo por esta causa podría recibir la correspondiente indemnización por despido improcedente, además de la cuantía dirigida a cubrir los daños sufridos por la situación de acoso que ha estado experimentando.


Si la empresa decidiera despedir al empleado acosado por motivo de represalias tras el conocimiento del mobbing, el despido será considerado nulo si no existe una causa justificada para ello. El despido nulo lleva consigo la obligación de readmisión del trabajador por parte de la empresa, siempre que éste haya sufrido algún tipo de discriminación.

Puede suceder que el trabajador no desee abandonar su puesto de empleo, sino simplemente que la empresa tome medidas para sancionar al compañero que está ejerciendo mobbing. En estos casos, no hay que olvidar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la empresa a proteger y garantizar un entorno saludable de trabajo.

Saber actuar ante un caso de acoso laboral es importante para evitar que esta situación se extienda a más trabajadores de la empresa, bajo un panorama de total impunidad ante la injusticia del acoso laboral.

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